Un consejo de ministros de Justicia e Interior comunitarios planteó un plan para controlar estos datos tras los atentados en Madrid el 11 de marzo de 2004, afirmando que retenerlos podría ayudar a enfrentarse al terrorismo y otros crímenes. El plan se vio reforzado tras los atentados de julio en Londres.

Los ministros europeos se han comprometido a alcanzar un acuerdo en octubre, pero la Comisión espera poder persuadirles para que apoyen su propuesta de directiva el próximo mes.

El texto del Consejo solo necesitaría la aprobación de los Estados miembros, el de la Comisión además el del Parlamento Europeo.

"Esperamos que la directiva se presente a mediados de septiembre", dijo Alexander Alvaro, diputado alemán responsable de la retención de datos. La Comisión ha dicho que presentará su propuesta tras el verano.

"La tarea de 'lobby' ha aumentado mucho y ahora se está convirtiendo en algo serio".

Ninguna de las propuestas busca retener el contenido del tráfico electrónico y telefónico. Según la de la Comisión, que obtuvo recientemente el grupo de Derechos Digitales Europeos EDRI, el tráfico de llamadas y correos se retendría entre seis meses y un año, mientras que los Estados han propuesto hasta 48 meses.

El Consejo propone que todas las direcciones de Internet que use la gente se guarden; el proyecto de la Comisión o hace ninguna referencia a esto.

Unas 27.000 personas han firmado ya una petición en línea de EDRI contra la retención de datos.

"La vigilancia de datos a gran escala llevará a que el comportamiento inocente de mucha gente se convierta en sospechoso", declaró Sjoera Nas, miembro de la junta del grupo, que no ve ninguna necesidad para ninguna de las dos propuestas.

¿QUIÉN PAGARÁ EL COSTE?

Las empresas de telecomunicaciones también se muestran preocupadas.

"¿De qué sirve guardar media llamada? Si los operadores estadounidenses están al principio o al final de una llamada internacional, entonces ellos están afectados por este requisito", aseguró en Washington Stephen Trotman, vicepresidente de la industria de operadores estadounidense CompTel.

"Lo que va a ocurrir es que el coste adicional de retener, almacenar y distribuir esos datos se va a pasar al consumidor. Los consumidores pagarán para que se invada su propia privacidad", explicó.

El plan del Consejo no hace referencia a quién pagaría, mientras la Comisión dice que los gobiernos deberían contribuir al coste de cumplir con las normas.

Un estudio de la Universidad holandesa de Erasmus mostró que en casi todos los 65 casos en los que el tráfico de datos fue útil para combatir crímenes, la policía logró la información de datos con una antigüedad de tres meses - que ya es el periodo típico en que las empresas de telecomunicaciones guardan la información por motivos de pagos.