Casi un año después de que el acuerdo entre Argentina y el Fondo Monetario Internacional se viera repentinamente suspendido, ambas partes se reúnen este miércoles en Washington para iniciar una nueva negociación.

El secretario de Finanzas de Argentina, Gustavo Nielsen, se encuentra en la capital estadounidense con el objetivo, según informaron fuentes del ministerio de Economía a la prensa local, de fijar la agenda de reuniones para los próximos meses.

Se espera que la negociación entre Argentina y el FMI sea difícil, ya que las diferencias entre ambas partes respecto de los objetivos a cumplir son amplias.

Hace pocas semanas, el mismo titular del Fondo, Rodrigo Rato, advirtió que las negociaciones no serán sencillas.

El anterior acuerdo se vio finalizado en circunstancias no muy claras. El FMI sostiene que se debió a un incumplimiento de metas por parte del gobierno, pero Argentina nunca admitió que así fuera.

Argentina precisa un nuevo acuerdo para refinanciar su deuda con el Fondo. El país debe pagar US$ 12.000 millones en los próximos dos años, lo cual representa más de la mitad de sus reservas en el Banco Central.

Cuestiones a tratar

Existen varios temas que preocupan al FMI, pero quizá el más espinoso sea el de los tenedores de bonos que no entraron en el canje de deuda de Argentina, que finalizó a principios de año.

El gobierno argentino logró un alto nivel de aceptación a su proceso de canje de deuda en cesación de pagos o default, pero aún así hubo una porción importante de "bonistas" que no aceptó la oferta.

Muchos analistas aquí creen que en esta nueva negociación el gobierno presentará al FMI un mecanismo para solucionar el problema de llamados "holdouts", los tenedores de bonos que no entraron al canje.

También se cree que el FMI le exigirá al gobierno, entre otros puntos, un mayor superávit fiscal y la renegociación de los contratos con las empresas de servicios públicos privatizados, para garantizar su rentabilidad.

El gobierno ha sostenido una y otra vez que no firmará ningún acuerdo que amenace el crecimiento económico ni ponga en peligro la creación de empleo y la reducción de la pobreza.