Nueva Ley Propiedad Intelectual

El Gobierno ha dado el primer paso para adaptar nuestro ordenamiento en materia de regulación de los derechos de autor a la nueva realidad tecnológica y lo ha hecho aprobando en el Consejo de Ministros celebrado hoy la remisión a las Cortes Generales del del Proyecto de Ley por el que se modifica el texto de la Ley de Propiedad Intelectual. La nueva normativa regula por primera vez la copia privada, permitiendo el uso y explotación de obras en la Internet a cambio de un canon. Además en su reunión de esta semana el Gobierno autorizó un gasto de 44,6 millones de euros para terminar las obras de ampliación del Museo del Prado, una ampliación que se prevé que este terminada para otoño del próximo año. El proyecto de Ley aprobado por el Consejo de Ministros para reformar la Ley de Propiedad Intelectual transpone al ordenamiento jurídico español una Directiva comunitaria de 2001, la conocida como Directiva de la Sociedad de la Información, que tenía que haber sido incorporada al Derecho nacional antes del 22 de diciembre de 2002. Una demora que supuso a España una condena del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas el pasado 28 de abril. La novedad más llamativa de esta nueva regulación es la figura del denominado derecho de puesta a disposición interactiva, que regula expresamente el uso y explotación de obras en Internet con la autorización de los autores o de los titulares de los derechos. Con esta normativa se pretenden conjugar los legítimos intereses de los creadores con aquellos de los ciudadanos a la investigación, la enseñanza o la información. A tales efectos se regulan una serie de supuestos excepcionales en los que sí es lícito utilizar obras o prestaciones sin necesidad de contar con el consentimiento de los autores de las mismas o de los titulares de los derechos. La nueva Ley establece un régimen flexible, transparente y ágil para el establecimiento de la compensación por copia privada en el ámbito digital. El texto prevé que, en un plazo de cinco meses a partir de su aprobación, los sectores implicados acuerden una relación de los equipos, aparatos y soportes materiales sujetos al pago de compensación a los titulares de los derechos, así como la cuantía que deberán pagar. Un acuerdo que se revisará cada dos años y que será propuesto a los Ministerios de Cultura e Industria, Comercio y Turismo que decidirán, previa consulta al Consejo General de Consumidores y Usuarios. EL PRADO, TERMINADO EN 2006 En la reunión de esta semana el Ejecutivo autorizó al Ministerio de Cultura para que proceda a la modificación del contrato de las obras de la ampliación de la pinacoteca del Museo del Prado. Esta modificación, la segunda desde el inicio de las obras en 2001, supondrá un gasto de 44,6 millones de euros, una inversión necesaria para terminar las reformas. Con esta medida se inicia la recta final en las reformas de museo que están previstas que finalicen en otoño de 2006. Las obras se están llevando a cabo en el entorno del Claustro de Los Jerónimos y afectarán a la comunicación interior de los recintos, accesibilidad e instalaciones. La inversión autorizada hoy por el Ejecutivo se distribuirá en dos plazos: 10 millones de euros para lo que queda del año y el resto (34.678.361 euros) para el 2006. El Consejo de Ministros aprobó también la remisión a las Cortes Generales del Proyecto de Ley de Mediación de seguros y reaseguros privados, que supone una nueva ley sobre mediación de seguros en España. Con esta norma se incorpora al Derecho español una Directiva Comunitaria de 2002, cuyo objetivo es la coordinación de las normativas nacionales en relación con los requisitos profesionales y de registro de las personas que acceden y ejercen la mediación de seguros. MEDIADORES SIN FRONTERAS La entrada en vigor de esta normativa supondrá que los mediadores de seguros y reaseguros españoles van a poder operar en los países del Espacio Económico Europeo en régimen de derecho de establecimiento y libre prestación de servicios, mediante un simple procedimiento de notificación a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones. Asimismo, el mercado español se abrirá a los mediadores de otros Estados miembros. Otras de las notas más destacadas de esta nueva normativa son la creación de un registro único donde figurarán solamente los mediadores acreditados, como mecanismo indispensable para la información al ciudadano. Y la exigencia a los mediadores de disponer de un servicio o departamento de atención al cliente para consultas, quejas y reclamaciones.

 

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