El medicamento de la polémica

Vioxx llegó a España en el año 2000 tras una polémica autorización por el alto precio que se le fijó al producto. El aterrizaje del medicamento en el mercado farmacológico español produjo un importante agujero en los presupuestos sanitarios de las comunidades autónomas ya que el antiinflamatorio generó, durante sus tres primeros meses de venta, un gasto para las arcas públicas cercano a los 12 millones de euros. El precio que el Ministerio de Sanidad fijó entonces al producto fue de 7.287 pesetas, alrededor de 6.000 pesetas por encima del coste medio de los demás medicamentos empleados hasta ese momento para tratar las enfermedades reumáticas.    Desde entonces, todo lo que rodeó a Vioxx fue controvertido. El caso más sonado fue la imposición por parte de la Junta de Andalucía de un visado de inspección. Para cumplir esta obligación, todos los pacientes a los que se había prescrito el medicamento Vioxx, además de la receta médica, debían pasar por un inspector que, tras hacer una revisión, sellara el visado que les permitía adquirir el producto. La Junta de Andalucía esgrimió entonces «razones sanitarias que asegurasen la buena distribución del medicamento» para imponer esta traba, aunque el alto precio del producto, y el elevado gasto público en medicamentos también influyeron.

 

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