EL objetivo de la normativa será la de ofrecer una mayor protección al cliente en cuestión de contrataciones y ventas realizadas a través de servicios telemáticos (telfono, Internet, fax, etc.), y adecuar ésta a la normativa europea.

Los principales puntos del anteproyecto estarán centrados en que los bancos, las aseguradoras, y las gestoras de fondos y pensiones proporcionen mayores garantías a sus clientes: se exigirá que el documento de contratación sea fácilmente recuperable por el usuario; se obligará a que la entidad financiera proporcione datos sobre su identidad y actividad principal; quedará establecido un periodo de 14 días para la rescisión de un contrato; y se ofrecerá una mayor protección del Instituto de Consumo y los organismos autónomos competentes en la materia frente a casos abusivos.

También se dotará de mayores garantías al usuario frente al uso fraudulento de las tarjetas de crédito, débito y prepago, que incluirán el derecho a la anulación del pago y la devolución del importe estafado.

Adaptar España a la normativa europea
El borrador español llega con bastante retraso. La normativa está basada en la Directiva 2002/65/CE del Parlamento Europeo, que data del 23 de septiembre de 2002. En ella se instaba a los Estados miembros de la UE a desarrollar una nueva legislación para armonizar la normativa de los países miembros de la UE, fomentar el mercado interior europeo, y potenciar la competencia entre entidades.

El Tesoro remitió el borrador a las entidades el pasado mes de julio, pero no se prevé su entrada en vigor hasta finales de este año, a pesar de que la directiva europea exigía su introducción antes del 9 de octubre.

Se tratará con esta normativa de otorgar unos derechos mínimos que protejan a los consumidores en un mercado transnacional de productos y servicios financieros en la Unión Europea contratados a través del móvil, Internet, el fax, o cualquier otro medio a distancia.