El informe eEspaña de la Fundación Auna proclama una obviedad: España se está quedando atrás en la Sociedad de la Información,
a pesar de (o quizá por) los esfuerzos que dicen realizar gobiernos y
empresas para evitarlo. No hay inversión en nuevos medios, en
cibercomercio, en nuevos servicios. La infraestructura empresarial
impide, por ejemplo, el establecimiento de un Amazon.es. Y el camino
que están tomando leyes y sentencias, haciendo responsables a los intermediarios por los contenidos que circulen por sus sistemas, va a empeorar la situación. El acceso a la Red en España sigue creciendo, despacio. Pero hoy el futuro luce negro.
Imagine que una autopista de peaje fuese considerada responsable
de la droga que transportan por ella camiones ajenos. Imagine que una
línea aérea fuese responsable de la información robada transportada en
un laptop por un pasajero. Imagine que RENFE fuese responsable de las
joyas robadas que llevase un ladrón en sus bolsillos al tomar el AVE.
Lógicamente, y por su propia protección, la autopista, la línea aérea y
RENFE pondrían en marcha un sistema de control previo para asegurarse
de que nada ilícito circulase por sus sistemas. Los camiones serían
controlados a la entrada; los ordenadores revisados en profundidad, los
bolsillos cacheados.
Todo lo cual no le haría ningún bien a la economía nacional.
La
reciente sentencia que responsabiliza a la Asociación de Internautas
por los contenidos alojados en sus servidores puede provocar
exactamente este efecto en Internet. Si, como afirma y desea la SGAE,
esta sentencia hace responsables de los contenidos alojados a los
proveedores de servicios, ninguna página web admitirá comentarios sin
control previo. Ninguna página se arriesgará a usar un wiki; ningún
alojamiento de blogs osará dejar abierto su sistema. Nadie querrá
correr el riesgo de que un contenido ajeno le meta en problemas. Lo
poco activo y vivo que hay en la Internet española se secará y morirá.
Pero
la cosa va mucho más allá. Porque si el alojamiento es responsable de
los contenidos, ¿por qué no la telefónica que proporciona la
conectividad? El razonamiento será idéntico, y el blanco judicial es
mucho más jugoso: las telefónicas generan enormes cantidades de dinero.
Más tarde o, probablemente, más temprano alguien irá a por ellas. Y
entonces cualquier comunicación que queramos llevar a cabo será
controlada de antemano para evitar problemas a la telefónica que la
transporta.
Cualquier posibilidad de detener el atraso relativo de España respeto al resto de Europa (y del mundo) desaparecerá.
Por
el interés de unos pocos, vamos camino de rehacer el diferencial de
desarrollo industrial que dejó a España atrasada durante dos siglos. Si
ya hay una patente falta de inversión en la Red, si las empresas se
lamentan de los problemas que les genera pero no se animan a
resolverlos usándola a su favor, si la sociedad sospecha y jueces,
políticos e intermediarios culturales se ocupan de mutilarla, la
Sociedad de la Información no tendrá futuro en España. Y luego
lloraremos por nuestro secular atraso. Que nos estamos ganando a pulso,
hoy. Nos ahogaremos en los lodos provocados por la actual polvareda.
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