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Peligra la libertad en internet |
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En España la "excusa" es la pederastia, en otros países europeos la lucha contra
el terrorismo. El objetivo es el mismo, identificar a los internautas y que su
actividad online quede registrada
Enrique Múgica, el defensor del pueblo, que torpedo las acciones de los
internautas contra la LSSI, vuelve ahora a las andadas.
Según publicaba ayer el diario "El Mundo", ha solicitado al Gobierno que
obligue a los proveedores españoles de servicios de Internet a retener durante
al menos un año los datos de conexión y tráfico generados por las
comunicaciones de sus usuarios, para facilitar así la investigación frente a
delitos de pornografía infantil.
Esta petición se suma a una propuesta similar de los ministros del Interior de
España, Francia, Reino Unido, Alemania e Italia para emplearlos en
investigaciones antiterroristas.
En una recomendación remitida al ministro de Industria, Turismo y Comercio,
José Montilla, el Defensor del Pueblo advierte sobre la situación de la
pornografía infantil en la Red, ya que debido al carácter transnacional de
Internet y su complejidad técnica —que facilita el anonimato—,
"lamentablemente puede hablarse de un delito impune".
En concreto solicita que en el desarrollo reglamentario del artículo 12 de la
Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (LSSI),
que entró en vigor en octubre de 2002, los ISP tengan que guardar los datos de
conexión y tráfico de los internautas para "facilitar las investigaciones".
Asimismo Enrique Múgica también solicita que el futuro desarrollo reglamentario
de la ley recoja que la entrega de esos datos a los Cuerpos y Seguridad del
Estado "se efectúe cuando éstos actúen en cumplimiento de las funciones de
carácter preventivo que legalmente tienen asignadas, sin que sea necesario en
todos los casos que actúen en funciones de policía judicial".
En la misma línea exige que "se incluya la obligación de identificar al
usuario de las redes IRC" por parte del proveedor de servicios,
"haciendo recaer sobre ellos la obligación de comunicar" a los Cuerpos de
Seguridad "la existencia de cualquier contenido de carácter delictivo que
detecten en sus servidores".
Finalmente también aboga por que "todos aquellos establecimientos
denominados "cibercafés" o "cibercentros" lleven un control de los usuarios"
que usan sus servicios, "registrando al efecto el DNI de la persona que utiliza
el puesto de acceso a Internet, y la franja horaria que utilizó".
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Geo Noticias