El sector audiovisual, que asegura que el "sida" de la piratería le
hizo perder el año pasado 750 millones de euros, ha lanzado una campaña
de publicidad, enmarcada en su iniciativa "Ahora la Ley actúa", en la
que alerta de que la compra en el top-manta
o la descarga ilegal de productos en Internet es "un delito" de
similares propociones al robo de un coche, un bolso o un televisor.
Además, solicita que se modifique la ley actual para que los 'piratas'
puedan ser multados.
Representantes de los exhibidores, distribuidores y productores del sector audiovisual, junto con la Federación para la Protección de la Propiedad Intelectual (FAP), presentaron esta campaña, de ámbito internacional, como una medida que no puede esperar al Plan Antipiratería
aprobado por el Gobierno y que, a su juicio, "adolece de la rapidez"
que necesita "el enfermo terminal" en el que se ha convertido el
sector. Durante la presentación de la iniciativa, el presidente de la
FAP, Tino de la Torre, conminó al Gobierno a que modifique la
legislación actual para que pueda penalizarse a los usuarios que
descarguen películas o compren en el top-manta con multas
administrativas, una medida que ya se aplica en Italia y Francia. En la
actualidad, la legislación española no condena (ni penaliza) la
descarga de música o películas a través de Internet.
Más dramatismo
Al igual que las campañas sobre la seguridad en las carreteras o
contra el consumo de tabaco han aumentado sustancialmente el dramatismo
de sus mensajes en los últimos años, también lo harán los nuevos
anuncios de la "Campaña Antipiratería 2005", que forman parte de una
acción internacional y que están siendo exhibidos en países como EEUU,
Alemania, Bélgica, Holanda y Reino Unido.
Se trata de dos anuncios de los que se han hecho 3.000 copias y
que se exhibirán en los cines, las televisiones y productos
videográficos para dejar claro que este fenómeno es "un delito como el
robo" sobre el que la ley puede caer. Para fortalecer su mensaje de
concienciación, el anuncio compara la piratería en Internet con el robo
de un coche, un bolso o un televisor.
Según los datos distribuidos por la FAP, la piratería audiovisual -de películas, videojuegos y otros productos videográficos-
supone actualmente 70 millones de productos ilegales, frente a los 40
millones que se distribuyen legalmente, lo que ha causado pérdidas de
750 millones de euros en el sector audiovisual y de 300 en el de los
videojuegos.
Los exhibidores aseguran que son los primeros en sentir cómo una película, apenas es estrenada, está ya en el top-manta,
un fenómeno al que culpan de que en el primer cuatrimestre de este año
haya habido 42 millones de espectadores, cuatro millones menos de los
que hubo en el mismo periodo del año pasado. El sector pide medidas
como que se impongan sanciones administrativas a los compradores de
productos piratas y que en la lucha contra el fenómeno se aplique toda
la tecnología. "Siempre vamos por detrás del pirata y hay métodos para
ir por delante", aseguraba Pedro Pérez, presidente de los productores
audiovisuales, mientras recordaba que en Francia "quien descarga
ilegalmente recibe un aviso en su ordenador y al segundo se le corta el
servicio".
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