Regulación de derechos de usuarios

La Unión de Consumidores de España-UCE ha presentado a la Secretaría de Estado de las Telecomunicaciones una propuesta de regulación del los derechos de los usuarios, ante el "irrefrenable incremento en el número de reclamaciones y solicitudes de arbitraje que presenta el sector". En un comunicado, la UCE asegura que la causa de esta "desprotección" se debe a "la desregularización del mercado promovida por la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones", que "garantiza la rentabilidad de los nuevos operadores por encima de los derechos y libertades de los usuarios" a lo que hay que añadir, según la asociación de consumidores, "la pasividad de la Administración, que no ha establecido un sistema de derechos y mecanismos de defensa adecuados". Por ello, UCE solicita a las administraciones públicas responsables que establezcan un sistema de derechos orientado hacia el usuario y que promueva la competencia leal. Fondo del Servicio Universal Entre sus propuestas, la UCE reclama la salvaguarda del derecho de acceso en voz y datos mediante la constitución del Fondo del Servicio Universal, un instrumento "de solidaridad" para recaudar aportaciones de los usuarios que garanticen la viabilidad de Internet con una calidad básica de banda ancha con carácter universal. Asimismo, aconseja que la tramitación en cuatro días de las solicitudes de preasignación (o inhabilitación de la misma) o portabilidad, unido a la imposición de sanciones para el operador que haya causado el retraso y de indemnizaciones a los usuarios, evitará situaciones como el slamming, que ha afectado ya a más de 165.000 familias en España. UCE reclama respeto a la voluntad del usuario en la rescisión de cualquier servicio mediante un sistema de tramitación sencillo, ágil, accesible y que garantice que la solicitud es formulada por el titular del contrato. Ofertas de otros operadores Respecto a la competencia, UCE defiende el derecho a recibir ofertas de otros operadores sin limitaciones normativas y aboga también por la protección administrativa ante los actos de publicidad engañosa o desleal. Para hacer efectivas las responsabilidades que la ley menciona, UCE apuesta por la relación directa entre usuario y operador y que este último sólo facture por los servicios que realmente presta. El complemento lógico a esta propuesta, según UCE, es el establecimiento de un régimen compensatorio que vaya más allá de las indemnizaciones por interrupción del servicio de contempla la Ley, y que valore el daño moral y las molestias generadas al usuario. Todo ello, completado con la definición de un régimen sancionador en relación con las prácticas irregulares realizadas por los operadores se traducirá, asegura la asociación de consumidores, en "la mejora de unos servicios que, desgraciadamente, no han experimentado mejoras sustanciales desde su liberalización tal y como cabía pensar a principios de este proceso en el año 1998".

 

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