Salidas trágicas, paralizantes o suicidas
aparecen en el horizonte del gobernante Partido de los Trabajadores
(PT) de Brasil y del presidente Luiz Inácio Lula da Silva,
imposibilitados de contener revelaciones de corrupción que se agravan
día a día desde hace siete semanas.
Los documentos bancarios ahora bajo examen de la
Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI), la Fiscalía y la Policía
Federal, desnudan una red de venalidad y manejo de dinero ilegal
destinado a dirigentes políticos de una magnitud alarmante.
La inhabilitación o renuncia de decenas de parlamentarios parece
inevitable a medida que avanza el escándalo, que ya determinó retiros y
destituciones de más de 40 personas, entre ministros, legisladores,
funcionarios de empresas estatales y dirigentes partidarios.
Cada día es más difícil para Lula mantener condiciones de
gobernabilidad, pese al esfuerzo general para protegerlo y a su gran
popularidad personal, indicada por las encuestas. Algunas fuerzas de
oposición, como el Partido del Frente Liberal (PFL), ya decidieron
atacarlo directamente, por presunta omisión o connivencia con los actos
ilegales.
Lula es "un idiota o corrupto", por ignorar lo que hacían sus
colaboradores directos o por ser cómplice de ellos, acusó el líder del
opositor Partido de la Socialdemocracia Brasileña, senador Arthur
Virgilio Ribeiro.
Cada vez parece menos creíble que el presidente desconociera tantas
irregularidades cometidas en su entorno. Su admisión de que el PT hizo
lo que otros partidos "hacen sistemáticamente" (el uso de recursos no
declarados en las campañas electorales), lo puso en la línea de fuego.
Las maniobras defensivas de los dirigentes del izquierdista PT han sido
desmentidas por los hechos o resultan poco convincentes.
Los "operadores" de la captación y distribución del dinero no declarado
trataron de justificar su existencia por préstamos bancarios que
totalizarían 39 millones de reales (16,5 millones de dólares), usados
para pagar deudas y nuevos gastos de campañas electorales en 2003 y
2004. Pero la suma es mucho mayor, según los registros bancarios.
Hay decenas de millones de reales retirados de por lo menos tres bancos
y distribuidos en efectivo. Los que actuaron "son ineptos
pre-informáticos" que creyeron no dejarían huellas al evitar los
cheques y los documentos firmados, ignorando que existen los registros
de las computadoras y la electrónica, ironizó el diputado Fernando
Gabeira, del Partido Verde.
De momento, se sabe que más de 30 millones de reales (12,7 millones de
dólares) fueron retirados por 46 personas de cuentas de las empresas de
publicidad DNA y SMPB en el Banco Rural. Las compañías eran usadas como
una especie de "tesorería" informal del PT.
Los cheques no eran nominales, y tenían a las mismas empresas como
beneficiarias. Convertidos en efectivo, el banco lo distribuía a
personas previamente autorizadas a recibirlo. El ardid no fue
suficiente para ocultar las identidades, y los nombres quedaron
registrados en la institución bancaria o en los controles electrónicos
de los edificios.
Entre los receptores han aparecido algunos dirigentes de partidos del
bloque oficialista, confirmando denuncias del diputado Roberto
Jefferson, quien destapó la caja de Pandora a inicios de junio, cuando
acusó al PT de sobornar a legisladores pagándoles "mesadas" que
aseguraban su apoyo al gobierno.
Además de líderes de los conservadores partidos Liberal (PL),
Progresista (PP) y Laborista Brasileño (PTB son sus siglas en inglés,
del que Jefferson es presidente), aliados del gobierno, entre los
beneficiados están dirigentes estaduales del PT y algunas sorpresas.
Por ejemplo, la esposa del ex presidente de la Cámara de Diputados, Joao Paulo Cunha, recibió 50.000 reales (21.200 dólares).
Este dato selló la suerte del diputado Cunha, un importante dirigente
del PT, pues confirmó sospechas de que había favorecido a la empresa
SMPB en un contrato con la cámara, usado para fortalecer su pretendida
candidatura a gobernador del meridional estado de Sao Paulo.
El jefe del bloque del PT en la cámara baja, Paulo Rocha, fue
beneficiario de una suma diez veces superior, y tuvo que renunciar a su
cargo el jueves. Otros escándalos asoman a partir de estas
investigaciones, amenazando al gobierno. Es el caso de los gastos en
publicidad oficial, que alcanzaron máximos históricos el año pasado.
Falta examinar una cantidad mucho mayor de documentos de las tres
entidades financieras más usadas por esa red, el propio Banco Rural, el
Banco do Brasil y el Banco de Minas Gerais. El escándalo gana
dimensiones incontrolables, con pruebas que anulan tergiversaciones.
El ex tesorero del PT, Delubio Soares, y el ex secretario general
Silvio Pereira profundizaron las sospechas cuando testimoniaron ante la
CPI en los dos últimos días. Miembros de la Comisión los acusaron de
haber dicho sólo mentiras.
Soares asumió total responsabilidad por el dinero "no contabilizado",
asegurando que nadie más conocía su existencia ni participó en la
decisión de captarlo y distribuirlo, algo evidentemente increíble.
Soares no explicó el origen de tantos recursos ni cómo se pagarían los
supuestos préstamos bancarios, y se negó a mencionar a las personas que
recibieron el dinero.
Su intento fue limitar la ilegalidad a un delito electoral: el uso de
recursos irregulares en la financiación de las campañas, evitando
configurar el crimen más grave de corrupción.
No faltan voces, incluso dentro del PT, que consideran fatal para el
partido y el gobierno esta táctica de dilaciones que prolonga la
corrosión del oficialismo y de la imagen de Lula.
El senador del PT, Saturnino Braga, pidió a Soares: "Extirpa ese
tumor", argumentando que solo con una confesión de "toda la verdad" se
salvarían el partido y el gobierno.
Las maniobras dilatorias indican que el dinero movilizado de manera
ilegal proviene de empresas estatales y de contratos fraudulentos, lo
que caracterizaría los delitos de corrupción y de asociación para
delinquir y pondría bajo sospecha al gobierno entero. Así, confesar
todo sería un suicidio.
Ante lo que parece una inminente ausencia de gobernabilidad que puede
desatar una crisis económica, el senador Jefferson Peres, del opositor
Partido Democrático Laborista, propuso un acuerdo entre "líderes
políticos responsables" de las principales colectividades, para evitar
un desenlace traumático.
Peres sugirió fijar un plazo para el fin de las investigaciones sobre
corrupción, no discutir la reelección de Lula, aprobar una amplia
reforma política y acordar medidas económicas para bajar las elevadas
tasas de interés, con mayor ajuste fiscal.
Lula sigue siendo muy popular, de modo que un proceso para destituirlo
sumado a una crisis económica podrían generar una "convulsión social",
arguyó el senador.
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