Un proyecto para sustituir el sistema
socialista vigente en Cuba por un régimen democrático de economía de
mercado fue lanzado este jueves por el opositor Comité Pro Cambio
(CPC), organización cercana a la Asamblea para Promover la Sociedad
Civil, que encabeza la economista Martha Beatriz Roque.
"Esto responde a las aspiraciones del
pueblo y a un cambio político radical", no se trata de "enmiendas o
parches" al sistema, dijo a periodistas de la prensa extranjera Ángel
Polanco, presidente del CPC, quien especificó que la vía para lograr
ese objetivo será "la lucha pacífica".
"Usaremos todas las formas de la lucha cívica no violenta",
incluida "la desobediencia civil", añadió Polanco, quien también
mencionó "las presiones externas".
"Aceptamos todo tipo de embargo económico (contra La Habana), sea multilateral o individual", remató en conferencia de prensa.
La iniciativa, que se añade a proyectos de cambio impulsados
hasta ahora sin éxito por otras agrupaciones opositoras, es auspiciada
por 48 organizaciones, cinco de las cuales tienen sede en Estados
Unidos y Puerto Rico.
Polanco explicó que el cambio se lograría mediante un
"programa de lucha no violenta" y el establecimiento de un sistema
democrático, moderno, representativo, pluripartidista y de economía de
mercado, que se base sobre el Estado de derecho y la independencia de
poderes.
El primer paso es la constitución de una "gran alianza
opositora", partidaria del restablecimiento de la Constitución de 1940,
considerada una de las "más avanzadas y equilibradas del mundo", opinó.
Según los documentos entregados a la prensa, el proceso
incluye la recolección de firmas entre unos ocho millones de electores,
a fin de lograr la mayoría "para solicitar la renuncia del gobierno
comunista, aprobar el cambio de sistema político y designar un Congreso
de la República anticipado".
Luego se prevé la toma del poder por un gobierno interino
durante un período de 100 días, durante los cuales se convocaría a un
referendo sobre la restitución de la Constitución de 1940 y se elegiría
un gobierno provisional con un año de mandato, explicó Polanco.
Ese gobierno provisional restablecería las instituciones
democráticas de la carta magna, "incluidos los poderes legislativo,
ejecutivo y judicial, la propiedad privada y un sistema electoral
pluripartidista".
En junio de 2002, unos ocho millones de electores cubanos
aprobaron una reforma constitucional que declaró irrevocable el
socialismo cubano, en respuesta a la iniciativa opositora conocida por
Proyecto Varela, impulsada por Oswaldo Payá, del Movimiento Cristiano
de Liberación.
Un mes antes, Payá había presentado la iniciativa ante la
Asamblea Nacional del Poder Popular, acompañada de firmas de 11.020
ciudadanos. El Proyecto Varela preveía la convocatoria a un referendo
sobre la libertad de expresión y de asociación, una nueva ley
electoral, comicios generales y amnistía para los presos políticos.
El régimen cubano considera "mercenarios al servicio de
Washington" a disidentes organizados en decenas de agrupaciones no
reconocidas legalmente, aunque muchas de ellas toleradas.
El 19 y el 20 de mayo, las autoridades no interrumpieron una
reunión general y pública de la Asamblea para Promover la Sociedad
Civil, a cuya inauguración asistieron el jefe de la Oficina de
Intereses de Estados Unidos en Cuba, James Cason, y diplomáticos
europeos.
El proyecto del CPC es de consenso de todas las agrupaciones que participaron en ese encuentro, dijo Polanco a IPS.
El activo apoyo de Cason a la disidencia interna irrita
especialmente a las autoridades cubanas, que entre marzo y abril de
2003 arrestaron y condenaron a duras penas de prisión a 75 opositores
acusados de "conspirar" con Washington.
En ese proceso, Roque fue sentenciada a 20 años de cárcel,
aunque un año y medio después fue puesta en libertad por razones de
salud, y reanudó su actividad opositora.
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