Antes de partir hacia la vecina capital argentina, Buenos Aires, la penalista reveló a Prensa Latina que "en las últimas horas, se presentaron ante la justicia nuevos documentos oficiales desclasificados en Uruguay".

Algunos de los materiales firmados por el ex canciller de la dictadura, Blanco, confirman la responsabilidad de ese con los asesinatos de los ex legisladores, Héctor Gutiérrez Ruiz y Zelmar Michelini, quienes en mayo de 1976 fueron secuestrados, torturados y asesinados en Argentina.

La documentación -desarchivada en la cancillería- confirma que Blanco fue protagonista consciente y voluntario en la vigilancia, persecución y está especialmente implicado directamente en la ejecución del operativo (asesinato), como parte del represivo Plan Cóndor, enfatiza la penalista.

Martínez Burlé añade que el ex canciller de la dictadura fue protagonista y responsable (como autor o coautor) en los asesinatos de los legisladores Zelmar Michelini, Héctor Gutiérrez Ruiz y también de Rosario Barredo y William Whitelaw, ex militantes Tupamaros.

Por otra parte, la abogada que defiende a las familias de los uruguayos asesinados entregó a la justicia un Boletín del Ministerio del Interior de la ex dictadura militar (1973-1985).

En ese documento, el ex dictador Bordaberry "llega al extremo de manifestar su odio a la democracia y a quienes la defendieron y la defienden, felicitando al policía que arrancó el pabellón Nacional de encima del féretro de Gutiérrez Ruiz en su entierro", comenta.

Lo anterior dice la penalista, también prueba la impunidad total que tenía la dictadura (y el dictador), creyéndose dueño del pensamiento, la libertad y la vida de los ciudadanos, y manifestándolo pública y expresamente.

Entre los documentos descubiertos en el Ministerio de Relaciones Exteriores y en algunas embajadas de este país en el extranjero en la década del 70, aparecen comprobantes de que las representaciones diplomáticas servían de puente para perseguir a los opositores políticos.

Como ya habíamos "argumentado y probado, el trabajo de vigilancia, persecución y castigo a los uruguayos que se oponían a la dictadura, fue programado minuciosamente desde la administración de Juan María Bordaberry", agrega la penalista Martínez Burlé.

También -dijo- esa represión fue dirigida por los servicios de inteligencia, en coparticipación con la cancillería, con planes generales para las embajadas uruguayas en todos los países y programas especiales en los del Cono Sur.

La penalista entregó también a la justicia local un telex en clave (parte cifrado), donde la sección consular de la embajada uruguaya en Buenos Aires, solicita "URGENTE- INSTRUCCIONES", con fecha 30 de agosto de 1974, donde pregunta qué hacer con "los sediciosos (opositores) requeridos" que concurrían a esa oficina por trámites de legalización y expedición de documentos.

Por lo anterior y, otros elementos, los penalistas que defienden a las familias de los asesinados políticos pidieron que se decrete el procesamiento con prisión del ex dictador Bordaberry y de su ex canciller Blanco, como fue solicitado por la fiscal Mirtha Guianze.

Hoy, la abogada Martínez Burlé se trasladó a Buenos Aires, para -según adelantó a Prensa Latina- analizar con la justicia de ese vecino país el juicio contra los acusados como corresponsables de los asesinatos políticos en la vecina nación.

En ese sentido, la abogada dijo a esta agencia que "espera que la justicia uruguaya actúe contra los criminales, antes que lo haga la argentina, porque ello le produciría mucha vergüenza".