Las tarificación por tramos de 30 segundos que impone Movistar es usada por otros operadores para algunos de sus clientes.
Telefónica Móviles insiste en defender su cambio en la facturación
como parte de una reestructuración global de la política de precios.
Este cambio de tarificación obligará, a partir del próximo uno de
septiembre, a todos los clientes de la filial de Telefónica a pagar sus
llamadas por fracciones de medio minuto en lugar de por segundos. La
compañía defiende su decisión argumentando que desde principios de año
sus tarifas han bajado un 6,5% gracias a productos como Mis cinco o Ya
te llamo yo y aseguran que van a continuar con esta bajada de precios.
La operadora reitera que la nueva forma de facturación también es
positiva para los consumidores porque les permite comparar tarifas
entre operadores más fácilmente.
Lo cierto es que Telefónica Móviles no es la única operadora que
emplea la tarificación por fracciones. Los tres operadores emplean este
sistema en sus tarjetas de prepago. Vodafone emplea el cobro por tramos
en algunos de sus contratos para particulares aunque también emplea la
facturación por segundos dependiendo de la modalidad de contrato. La
única operadora que, a partir del primer minuto de llamada, cobra a
todos sus clientes de contrato por segundos es Amena. Tras la compra de
la operadora por France Télécom y su futura integración en Orange,
Amena podría mantener la tarificación por segundos que también emplea
la operadora gala de telefonía móvil.
La tarificación por fracciones o por segundos es una práctica
habitual en otros países de la Unión Europea y, dependiendo del tipo de
contrato, las operadoras aplican uno u otro sistema de cobro. Además,
como en España, todas las operadoras ofrecen planes específicos en los
que a cambio de una cuota fija mensual se puede realizar llamadas hasta
un determinado número de minutos.
El sistema de tarificación es confuso en toda Europa, como reconoce
Enriq Colet Petit, profesor de Esade y especialista en
Telecomunicaciones. Aunque además, en su opinión, las tarifas
telefónicas en España siguen siendo caras en comparación con otros
países europeos. Petit Colet es partidario de una clarificación de los
precios de las llamadas de móvil y considera que a la hora de aclarar
esta confusión tarifaria los primeros en intervenir deberían ser los
reguladores nacionales. En el caso de España, la Comisión del Mercado
de las Telecomunicaciones (CMT) y el Ministerio de Industria.
Desde la CMT se asegura que el regulador no tiene competencias a la
hora de intervenir en las tarifas y en el sistema de cobro que las
operadoras emplean con sus clientes, ya que los precios para minoristas
(los que se cobran a los particulares) están liberalizados y remiten
esta competencia a la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos
Económicos. La próxima reunión de esta comisión interministerial se
hará, en principio, a finales de agosto, antes del próximo Consejo de
Ministros.
Los consumidores recurren a los tribunales
El anuncio de Telefónica Móviles de cambiar su sistema de
tarificación ha provocado las inmediatas protestas de las
organizaciones de consumidores. De hecho distintas asociaciones ya han
anunciado su intención de emprender medidas legales en contra de la
operadora. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) enviará una
carta a las compañías para que dejen de practicar el redondeo en su
facturación y presentará una demanda colectiva de cesación de este
sistema de cobro.
La OCU también denuncia que España es el único
país de la Unión Europea en el que los consumidores pagan dos veces el
coste fijo de una llamada de móvil: por el establecimiento y por el
primer minuto de duración.
La ley posibilita la acción colectiva
por lo que no es necesario la denuncia por parte de clientes
minoritarios. En opinión de Salvador Rodríguez, abogado de Cuatrecasas
y especialista en Telecomunicaciones, las organizaciones de
consumidores tienen más fuerza que los particulares a la hora de
emprender medidas legales. En su opinión la operadora debe ofrecer a
los clientes la posibilidad de adherirse o no al nuevo sistema
tarifario, ya que la aceptación del cambio imposibilitaría una futura
reclamación.
|