La audiencia resolutiva es la primera y última instancia judicial en el pleito presentado por Telefónica Móviles contra Italia y de ella debe salir necesariamente una decisión. A partir de ahí, a cualquiera de los perdedores se les complica el proceso, porque sólo se puede apelar al Consejo de Estado, un órgano para casos especiales fuera ya de la vía judicial.

Por todo ello, el departamento jurídico de Telefónica y de sus socios en Ipse -la filial italiana ganadora de una licencia de UMTS- se ha cargado de argumentos y ha presentado toda una batería de denuncias.

Ya se conocía la existencia de una demanda en la que se requiere al Gobierno la devolución de 826 millones de euros pagados por cinco megahercios de espectro adicional que Telefónica tuvo que abonar cuando ya había congelado sus operaciones en el UMTS europeo. Pero es que hay dos pleitos más.

A través de Ipse, la operadora española también ha denunciado el reparto gratuito de frecuencias en tecnología GSM que se hizo a otras telefónicas después de que ella pagara sumas millonarias por el espectro en UMTS. A su juicio, este regalo reduce el valor de las frecuencias y sirve como argumento para convencer al juez de que es lícito pedir la devolución de los importes.

Más rotunda aún es la tercera demanda, en la que Telefónica pone en cuestión el valor total de la licencia. La española y sus socios pagaron a finales de 2000 unos 2.443 millones por 15 megahercios de espectro, a los que en 2003 se unieron 826 millones por otros 5 megahercios. Ahora, la nueva ley italiana de telecomunicaciones, que transpone los mandatos de Bruselas en este campo, establece un precio por cada bloque de cinco megahercios de 7,2 millones al año y, según la argumentación de los jurídicos de Telefónica, lo hace para todas las licencias -presentes, pasadas y futuras-, así que tiene validez también para la suya.

Según esta interpretación, por tanto, Telefónica Móviles tendría que haber pagado al Gobierno italiano por sus frecuencias 64,8 millones desde 2000 hasta la fecha y no los 3.270 millones desembolsado s.

Todo ello está desde hoy en manos de los jueces, que tendrán la última palabra en el polémico proceso. Está claro, sin embargo, que Telefónica tiene enfrente a un formidable rival: el Gobierno del país.

La relación entre Italia y Telefónica no puede sino calificarse de tempestuosa. Pero esta afirmación sólo es verdad en este momento, porque en el pasado ha habido todo tipo de sentimientos. De hecho, Italia es uno de los países que más ha abierto la mano con la posibilidad de que las ganadoras de licencias UMTS renunciaran a operar y se limitaran a vender o negociar con el espectro. Nada más aprobarse esta posibilidad, Italia permitió a Telefónica acogerse a ella, pero luego cambió de opinión y decidió exigir las condiciones de despliegue y cobertura planteadas en la subasta. Esta petición pone a la compañía en el disparadero, puesto que no ha hecho inversión alguna en este campo. También ha habido vaivenes con la venta de la licencia a terceros. Con ayuda del Gobierno estuvo a punto de cerrarse hace unos meses. Problemas fiscales lo impidieron.